En la Colonia Tabacalera de la Ciudad de México se realizó un «baile de 41 hombres», 21 de los cuales estaban vestidos «de mujer». Hoy se cumplen 119 años de una de las redadas policiales contra la comunidad LGBTQ+ más trascendentes de la historia de México.
El 18 de noviembre de 1901, bajo el clima fresco, tenso y opresivo de la época, se citaron varios personajes de la alta sociedad en los límites de la ciudad. 42 hombres arribaron en lujosos carruajes para celebrar sus identidades en la clandestinidad de la noche. El evento se llevó a cabo en una casona rentada en la calle La Paz y para el final de la noche, 41 de ellos fueron aprehendidos. ¿Y el 42? Uno de los organizadores: Ignacio de la Torre y Mier, yerno del presidente Porfirio Díaz y marido de Amada Díaz. Además, el baile también habría sido organizado por Antonio Adalid, ahijado de Maximiliano I y Carlota de México.
Ejemplar de la Gaceta Callejera.
Estas reuniones justificadas como de disfraces eran sumamente comunes desde finales del siglo XIX y únicamente asistían hombres o mujeres socialmente condenados a la discriminación pública y aversión a la diversidad sexual en la época. Numerosos asistentes estaban travestidos y es probable que muchos de estos fueran personas transgénero u homosexuales.
Además de la música, el baile y consumo de sustancias, una de las actividades de la fiesta fue la «rifa de Pepito», cuyo ganador sería premiado con el servicio de un trabajador sexual. Cerca de las 3:00 de la madrugada, la policía asistió una denuncia por falta de permiso de realización de fiestas (solo requerido en eventos públicos) y tras ser recibida por un «travesti», se allanó la casa.
Sébastian Lifshitz. Colección The Invisibles.
Aunque el gobierno porfirista se esforzó cuidadosamente por encubrir los detalles incriminatorios, la prensa aprovechó el escándalo durante meses, convirtiéndolo en uno de los más importantes del siglo XX. La historia nunca fue del todo clara, pero se divulgaron distintas versiones del escurridizo escape de Ignacio de la Torre. La más popular lo identificaba como una ágil figura beneficiada por su estatus social, en fuga por las azoteas de las casas vecinas y desapareciendo en la noche.
Los asistentes vestidos «de hombres» fueron llevados al cuartel del batallón 24 de la policía con lujo de fuerza. Los asistentes vestidos «de mujer» fueron conducidos al cuartel de la policía montada, haciendo una distinción indudablemente accidental entre la identidad de género y la orientación sexual. Como consecuencia, se les impuso realizar la limpieza del cuartel policial aún vestidos de gala; además, se identificó su traslado a Veracruz alrededor de las 5:00 de la mañana. 19 de ellos (presuntamente los menos favorecidos en estatus social y económico) fueron sometidos a trabajar en el puerto Progreso de Yucatán, para después ser forzados a enlistarse en el Ejercito Nacional.
Debido a la censura periodística, no existe ningún registro en fotografía, entrevista u oportunidad de la prensa para hablar con los detenidos; aunque se divulgó la lista de nombres de los apresados y muchos de estos enviaron cartas a los periódicos locales y nacionales para deslindarse de los hechos con el pretexto de que se trataba de homónimos.
Placa conmemorativa en el centro cultural José Martí.
A pesar de que la homosexualidad y el travestismo no eran concretamente ilegales o sancionadas por las leyes, se utilizó una ambigua interpretación del Código Penal de 1871 como un delito contra la moral y las buenas costumbres, que es aplicable hasta la fecha y no especifica la sanción necesaria. La redada fue arbitraria, ilegal y deliberada, y se vulneraron los derechos humanos y civiles gravemente; además de provocar una oleada de redadas violentas, chantajes, torturas, palizas y encarcelamientos injustos.
Bajo la misma categoría se realizaron numerosas detenciones arbitrarias, principalmente a miembros de la comunidad LGBTQ+ y cabe mencionar que actualmente sólo 13 estados del país establecen sanciones para los crímenes de odio por orientación o identidad sexual, además de que existen casos como el acoso y ataque de la patrulla 126 de Huehuetoca, Estado de México, hacia una pareja de hombres en el 2018, que comprueban que la violencia policial e institucional hacia la comunidad aún impregna las fuerzas mexicanas.
